Primera Presidencia (1974-1979)
Prodigalidad en el gasto y prestigio internacional
Ahora bien, la euforia petrolera no ocultó la realidad, suscitando voces de preocupación ya antes de concluir el período presidencial, de una gestión desordenada, poco atinada e incluso frívola de la riada de millones de dólares que afluía a las arcas del Estado. El voluntarismo y la audacia desarrollista de Pérez se enfangaron en la burocracia, la pobreza de los recursos humanos y la corrupción, que medró con voracidad. En el sector no estatal, las inversiones tuvieron un carácter especulativo, en negocios inmobiliarios y financieros, y el propio presidente, sucumbido al populismo con tintes caudillistas, estimuló las subvenciones y las prebendas, y lanzó un faraónico programa de obras públicas y de adquisición de equipamientos industriales cuya utilidad real resultó más que objetable.
El programa de inversiones del Gobierno se fundó en la expectativa de la prosecución del buen ritmo en el encarecimiento del petróleo, pero entre septiembre de 1976 y enero de 1979 el precio del barril sólo aumentó un dólar, pasando de los 14 a los 15. Para no recortar el gasto presupuestado, Pérez recurrió a los créditos de la banca privada internacional, cargando de deudas al Estado y agravando el déficit de la balanza de pagos, cuando a priori la excepcional recaudación fiscal venía generando suficientes recursos propios como para no recurrir a la financiación externa.
Esta situación tampoco fue óbice para que el mandatario, deseoso de potenciar el ascendiente internacional de Venezuela, concediera a su vez, a través del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), créditos y ayudas a países vecinos del Caribe, América Central y el área andina, con lo que Venezuela adquirió la doble condición, un tanto anómala, de país deudor y fiador. Para hacerse una idea del volumen de estos estipendios, valga como dato un cálculo publicado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos: según esta institución, en términos absolutos, la primera administración de Pérez gastó más dinero en cinco años –en valores monetarios sin ponderación uniforme- que todos los gobiernos desde la independencia sumados.
Venezuela ofrecía paradojas como que el país con una de las gasolinas más baratas y uno de los suelos más fértiles del mundo se viera obligado a importar el 80% de los alimentos que consumía, a precios también subsidiados, porque su agro, ignorado por el Gobierno y desatendido por un campesinado emigrado a las ciudades, apenas producía. Fueron unos años de fuerte crecimiento del PIB, de la renta per cápita y del coste de la vida, pero las bases de todo este progreso y bienestar eran engañosas. Las funestas consecuencias de la política dilapidadora de quien había prometido "administrar la abundancia con una mentalidad de escasez" se iban a apreciar mejor a largo plazo, aunque en 1979 ya quedaba claro que el viejo enunciado de "sembrar el petróleo" estaba teniendo una ejecución cuando menos dudosa y que el país no había estado preparado para administrar cabalmente la avalancha de petrodólares.
El nacionalismo económico de Pérez se expresó también, y muy brillantemente, en la política exterior. Si Betancourt estableció la doctrina de no tener tratos con gobiernos dictatoriales y totalitarios sin importar su signo, tanto si eran de derecha como de izquierda, y Caldera apeló a la "solidaridad con el pluralismo ideológico" para basar su nuevo pragmatismo diplomático, el tachirense abrazó con entusiasmo la defensa de cualesquiera causas progresistas y tercermundistas en el mundo.
Siguiendo los pasos de Perú, Argentina y Panamá, Venezuela restableció las relaciones diplomáticas con Cuba el 29 de diciembre de 1974, tras trece años de ruptura. Poco antes, la decisión de la Administración republicana de Estados Unidos de excluir a Venezuela, al igual que a otros países de la OPEP, del Sistema General de Preferencias Arancelarias fue tachada de afrentosa e injusta por Pérez, que recordó que su país no había dejado de suministrar petróleo a la potencia norteamericana cuando los árabes llamaron a embargar los envíos de crudo a los países occidentales con una diplomacia proisraelí.
Su oposición vehemente a la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, su amistad con el panameño Omar Torrijos, apoyándole en las negociaciones con Estados Unidos para la devolución del Canal de Panamá, o sus declaraciones con el presidente mexicano del PRI Luis Echeverría en favor de la integración de los países latinoamericanos, fueron otras tantas actuaciones que le aseguraron un protagonismo en las controversias, resurgidas gracias a la estabilización de la Guerra Fría, específicas del eje Norte-Sur. En 1975 Pérez y Echeverría fueron los artífices del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que estableció su sede en Caracas con los objetivos de promover la cooperación económica y los intercambios científicos y tecnológicos entre los países del Sur americano y así reducir la dependencia de los países desarrollados del Norte, particularmente Estados Unidos.
Ahora bien, la euforia petrolera no ocultó la realidad, suscitando voces de preocupación ya antes de concluir el período presidencial, de una gestión desordenada, poco atinada e incluso frívola de la riada de millones de dólares que afluía a las arcas del Estado. El voluntarismo y la audacia desarrollista de Pérez se enfangaron en la burocracia, la pobreza de los recursos humanos y la corrupción, que medró con voracidad. En el sector no estatal, las inversiones tuvieron un carácter especulativo, en negocios inmobiliarios y financieros, y el propio presidente, sucumbido al populismo con tintes caudillistas, estimuló las subvenciones y las prebendas, y lanzó un faraónico programa de obras públicas y de adquisición de equipamientos industriales cuya utilidad real resultó más que objetable.
El programa de inversiones del Gobierno se fundó en la expectativa de la prosecución del buen ritmo en el encarecimiento del petróleo, pero entre septiembre de 1976 y enero de 1979 el precio del barril sólo aumentó un dólar, pasando de los 14 a los 15. Para no recortar el gasto presupuestado, Pérez recurrió a los créditos de la banca privada internacional, cargando de deudas al Estado y agravando el déficit de la balanza de pagos, cuando a priori la excepcional recaudación fiscal venía generando suficientes recursos propios como para no recurrir a la financiación externa.
Esta situación tampoco fue óbice para que el mandatario, deseoso de potenciar el ascendiente internacional de Venezuela, concediera a su vez, a través del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), créditos y ayudas a países vecinos del Caribe, América Central y el área andina, con lo que Venezuela adquirió la doble condición, un tanto anómala, de país deudor y fiador. Para hacerse una idea del volumen de estos estipendios, valga como dato un cálculo publicado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos: según esta institución, en términos absolutos, la primera administración de Pérez gastó más dinero en cinco años –en valores monetarios sin ponderación uniforme- que todos los gobiernos desde la independencia sumados.
Venezuela ofrecía paradojas como que el país con una de las gasolinas más baratas y uno de los suelos más fértiles del mundo se viera obligado a importar el 80% de los alimentos que consumía, a precios también subsidiados, porque su agro, ignorado por el Gobierno y desatendido por un campesinado emigrado a las ciudades, apenas producía. Fueron unos años de fuerte crecimiento del PIB, de la renta per cápita y del coste de la vida, pero las bases de todo este progreso y bienestar eran engañosas. Las funestas consecuencias de la política dilapidadora de quien había prometido "administrar la abundancia con una mentalidad de escasez" se iban a apreciar mejor a largo plazo, aunque en 1979 ya quedaba claro que el viejo enunciado de "sembrar el petróleo" estaba teniendo una ejecución cuando menos dudosa y que el país no había estado preparado para administrar cabalmente la avalancha de petrodólares.
El nacionalismo económico de Pérez se expresó también, y muy brillantemente, en la política exterior. Si Betancourt estableció la doctrina de no tener tratos con gobiernos dictatoriales y totalitarios sin importar su signo, tanto si eran de derecha como de izquierda, y Caldera apeló a la "solidaridad con el pluralismo ideológico" para basar su nuevo pragmatismo diplomático, el tachirense abrazó con entusiasmo la defensa de cualesquiera causas progresistas y tercermundistas en el mundo.
Siguiendo los pasos de Perú, Argentina y Panamá, Venezuela restableció las relaciones diplomáticas con Cuba el 29 de diciembre de 1974, tras trece años de ruptura. Poco antes, la decisión de la Administración republicana de Estados Unidos de excluir a Venezuela, al igual que a otros países de la OPEP, del Sistema General de Preferencias Arancelarias fue tachada de afrentosa e injusta por Pérez, que recordó que su país no había dejado de suministrar petróleo a la potencia norteamericana cuando los árabes llamaron a embargar los envíos de crudo a los países occidentales con una diplomacia proisraelí.
Su oposición vehemente a la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, su amistad con el panameño Omar Torrijos, apoyándole en las negociaciones con Estados Unidos para la devolución del Canal de Panamá, o sus declaraciones con el presidente mexicano del PRI Luis Echeverría en favor de la integración de los países latinoamericanos, fueron otras tantas actuaciones que le aseguraron un protagonismo en las controversias, resurgidas gracias a la estabilización de la Guerra Fría, específicas del eje Norte-Sur. En 1975 Pérez y Echeverría fueron los artífices del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que estableció su sede en Caracas con los objetivos de promover la cooperación económica y los intercambios científicos y tecnológicos entre los países del Sur americano y así reducir la dependencia de los países desarrollados del Norte, particularmente Estados Unidos.
Segunda Presidencia (1989-1994)
Caldera en el poder nuevamente hubo de manejar una vertiginosa espiral inflacionaria y un paralelo descenso de las reservas de divisas, empleadas generosamente para el sostenimiento del bolívar frente al dólar. El 27 de junio anunció la suspensión con carácter temporal de algunas garantías constitucionales, fundamentalmente las relacionadas con la propiedad privada y la libre actividad económica, que supuso el control estatal sobre el mercado de cambios, el sistema bancario y los precios. Las entidades financieras en bancarrota por la fuga de capitales y las afectadas por prácticas especulativas iban a ser intervenidas y saneadas por el Estado, y de hecho el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la suspensión inmediata de todas sus operaciones de compra-venta de dólares. Dado lo extraordinario de la situación, las medidas fueron toleradas por los medios de comunicación y la comunidad internacional, pero no por el pueblo.
En el primer año de gobierno tiene que manejar una fuerte crisis financiera que se inicia con la intervención del Banco Latino que había quebrado en el gobierno interino de Ramón José Velásquez, después de la destitución de Pérez, continuó con el derrumbe e intervención de una decena de instituciones bancarias y culminó con la fuga de capital por concepto de auxilios financieros otorgados por el Estado a la banca, miles de ahorristas afectados y un grave desequilibrio en la economía de Venezuela. La confianza y credibilidad de venezolanos y extranjeros en las instituciones bancarias fue afectada gravemente. Más de setenta mil medianas y pequeñas empresas quebraron, fundamentalmente por el control de cambios impuesto por el gobierno, que dificulta la obtención de divisas para adquirir insumos. Los alimentos, la ropa, el calzado, la vivienda, el transporte, en fin, todo la que afecta al ciudadano común subieron de forma desproporcionada, sin control, empobreciendo cada vez a mayor número de venezolanos.
Aunque Caldera prometió durante su campaña no acudir jamás ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), debió hacerlo ante la crisis económica y su incapacidad de gestión. El nulo efecto de la práctica intervencionista en la economía del país, hace que Caldera anuncie el programa llamado Agenda Venezuela que prometía restablecer el equilibrio macroeconómico y apalear la inflación. Aplicando medidas tildadas por sus detractores como "de corte neoliberal (Neoliberalismo)"de acuerdo con las recomendaciones del FMI, que hasta entonces se había resistido a adoptar. Así, se devaluó el bolívar en un 70%, el control de cambios fue levantado, los combustibles se encarecieron en un 800%, se liberalizaron los tipos de interés (el IVA subió a 16,5%), Se continuó el proceso de privatización de los activos del Estado y se avocó a la disciplina en el gasto público, que no surtieron efectos debido a la crisis económica mundial en ese momento. Está medidas fueron bien acogida en el exterior, pero no en el país. En donde fueron frecuentes las manifestaciones y disturbios de la población venezolana que se sentía afectada negativamente.
En 1997, una comisión tripartita, conformada por el sector empresarial, laboral y Gobierno, asumieron la reforma del régimen de prestaciones sociales, tras la revisión profunda de la Ley Orgánica del Trabajo. La labor de la comisión tripartita quedó plasmada en un sistema de prestaciones sociales que preveía, entre otras cosas, su pago anual y no al cese del desempeño laboral como se hacía anteriormente; al mismo tiempo, se establecieron cinco subsistemas de seguridad social con la finalidad de mejorar la actividad del Ejecutivo en la resolución de los problemas básicos de los trabajadores venezolanos.
También en el Gobierno de Caldera se inició un proceso de apertura petrolera que muchos catalogaron como el preludio a la privatización del sector; sin embargo se llevó a cabo aglutinando esfuerzos del sector privado, nacional e internacional, para la explotación, exploración y refinamiento del oro negro y del gas natural. La crisis mundial en los mercados del crudo influyó negativamente en este proceso.
En el primer año de gobierno tiene que manejar una fuerte crisis financiera que se inicia con la intervención del Banco Latino que había quebrado en el gobierno interino de Ramón José Velásquez, después de la destitución de Pérez, continuó con el derrumbe e intervención de una decena de instituciones bancarias y culminó con la fuga de capital por concepto de auxilios financieros otorgados por el Estado a la banca, miles de ahorristas afectados y un grave desequilibrio en la economía de Venezuela. La confianza y credibilidad de venezolanos y extranjeros en las instituciones bancarias fue afectada gravemente. Más de setenta mil medianas y pequeñas empresas quebraron, fundamentalmente por el control de cambios impuesto por el gobierno, que dificulta la obtención de divisas para adquirir insumos. Los alimentos, la ropa, el calzado, la vivienda, el transporte, en fin, todo la que afecta al ciudadano común subieron de forma desproporcionada, sin control, empobreciendo cada vez a mayor número de venezolanos.
Aunque Caldera prometió durante su campaña no acudir jamás ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), debió hacerlo ante la crisis económica y su incapacidad de gestión. El nulo efecto de la práctica intervencionista en la economía del país, hace que Caldera anuncie el programa llamado Agenda Venezuela que prometía restablecer el equilibrio macroeconómico y apalear la inflación. Aplicando medidas tildadas por sus detractores como "de corte neoliberal (Neoliberalismo)"de acuerdo con las recomendaciones del FMI, que hasta entonces se había resistido a adoptar. Así, se devaluó el bolívar en un 70%, el control de cambios fue levantado, los combustibles se encarecieron en un 800%, se liberalizaron los tipos de interés (el IVA subió a 16,5%), Se continuó el proceso de privatización de los activos del Estado y se avocó a la disciplina en el gasto público, que no surtieron efectos debido a la crisis económica mundial en ese momento. Está medidas fueron bien acogida en el exterior, pero no en el país. En donde fueron frecuentes las manifestaciones y disturbios de la población venezolana que se sentía afectada negativamente.
En 1997, una comisión tripartita, conformada por el sector empresarial, laboral y Gobierno, asumieron la reforma del régimen de prestaciones sociales, tras la revisión profunda de la Ley Orgánica del Trabajo. La labor de la comisión tripartita quedó plasmada en un sistema de prestaciones sociales que preveía, entre otras cosas, su pago anual y no al cese del desempeño laboral como se hacía anteriormente; al mismo tiempo, se establecieron cinco subsistemas de seguridad social con la finalidad de mejorar la actividad del Ejecutivo en la resolución de los problemas básicos de los trabajadores venezolanos.
También en el Gobierno de Caldera se inició un proceso de apertura petrolera que muchos catalogaron como el preludio a la privatización del sector; sin embargo se llevó a cabo aglutinando esfuerzos del sector privado, nacional e internacional, para la explotación, exploración y refinamiento del oro negro y del gas natural. La crisis mundial en los mercados del crudo influyó negativamente en este proceso.
Tras tomar posesión el 2 de febrero 1994 de su mandato quinquenal, sustituyendo al presidente interino Ramón José Velásquez Mújica, y formar un gobierno de coalición con los partidos que le apoyaban, Caldera hubo de manejar una vertiginosa espiral inflacionaria y un paralelo descenso de las reservas de divisas, empleadas generosamente para el sostenimiento del bolívar frente al dólar. El 27 de junio anunció la suspensión con carácter temporal de algunas garantías constitucionales, fundamentalmente las relacionadas con la propiedad privada y la libre actividad económica, que supuso el control estatal sobre el mercado de cambios, el sistema bancario y los precios.
Las entidades financieras en bancarrota por la fuga de capitales y las afectadas por prácticas especulativas iban a ser intervenidas y saneadas por el Estado, y de hecho el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la suspensión inmediata de todas sus operaciones de compra-venta de dólares. Dado lo extraordinario de la situación, las draconianas medidas fueron toleradas por la opinión pública y comprendidas por la comunidad internacional.
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