Primera Presidencia (1974-1979)
Asumió la presidencia el 12 de marzo de 1974, comenzando por una gran obra en materia cultural. Fundó la Biblioteca Ayacucho y otorgó un programa de becas denominado Gran Mariscal de Ayacucho por el cual pudieron acceder muchos estudiantes a las mejores universidades del mundo. Su acción de gobierno fue sumamente próspera en un país donde la abundancia era el reflejo de los ingresos provenientes de la masiva exportación de petróleo, a causa de que Medio Oriente estaba sufriendo una crisis.
Propuso la creación de un mercado regional latinoamericano para aumentar la competitividad de los productos frente a las grandes potencias, congeló los precios, y aumentó salarios. Venezuela participó en la Conferencia Mundial sobre Matrias Primas, organizado por la O.N.U., donde se propusieron medidas para resolver los problemas mundiales sobre el tema. Reglamentó las inversiones extranjeras y prohibió el despido de trabajadores sin justa causa. Creó el Fondo de Desarrollo Agropecuario y el Fondo de Desarrollo Industrial. La obra pública de este período fue extraordinaria. Los brotes guerrilleros de los comienzos de su gobierno pudieron ser sofocados sin demasiados sobresaltos contando con el apoyo de toda la ciudadanía, incluso de la oposición. Así, su programa “Democracia con energía” llegó a buen término. Sin embargo a la par que aumentaba el ingreso también lo hacían los gastos, las importaciones, el endeudamiento externo, y crecían los índices inflacionarios.
Luego vino un período intermedio donde la presidencia fue ejercida por Luis Antonio Herrera, del COPEI, quien debió afrontar una dura crisis financiera, agravada en 1982, cuando el Banco de Venezuela se declaró insolvente, tiempo en el cual Carlos Andrés Pérez se desempeño como Senador Vitalicio.
Con el apoyo de Betancourt, que atajó los rumores que auguraban su retorno a la máxima lid política, AD postuló a Pérez para recuperar el poder en las elecciones del 9 de diciembre de 1973. Enérgico, extrovertido y jovial, el tachirense desarrolló una campaña triunfalista y centró su programa electoral en el debate del momento: el total control por el Estado de la extraordinaria riqueza petrolera, que había hecho de Venezuela el país de Sudamérica con más elevados ingresos por habitante.
Una de las ideas del candidato que más impactó al público fue la concepción del petróleo como el instrumento de presión de las naciones menos desarrolladas para arrancar del primer mundo desarrollado un orden económico internacional más justo, que democratizara el acceso a las nuevas tecnologías y librara de hipotecas a los esquemas de desarrollo que cada país quisiera implantar de acuerdo con sus especificidades.
El lema acuñado por Pérez Democracia con Energía hizo fortuna y el ya popularmente conocido como CAP (por las iniciales de su nombre compuesto y apellido) se impuso con el 48,7% de los votos válidos al candidato del oficialismo copeyano, Lorenzo Fernández, que obtuvo el 36,7%. A mucha mayor distancia quedaron Jesús Ángel Paz Galarraga, del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP, una escisión izquierdista de AD) y apoyado por el PCV, José Vicente Rangel Vale, por el Movimiento al Socialismo (MAS) y apoyado por el MIR, y el veterano Jóvito Villalba Gutiérrez, líder de la centroderechista Unión Republicana Democrática (URD). Además, AD salió triunfante de las elecciones a las dos cámaras del Congreso y de la mayoría de los comicios a las asambleas legislativas de los estados y los concejos municipales. La participación en las presidenciales alcanzó el 96,5%.
La toma de posesión de la Presidencia el 12 de marzo de 1974, con un mandato de cinco años y en sustitución de Caldera, no pudo celebrarla Pérez en unas circunstancias más propicias para sus propuestas energéticas, que dieron pábulo a un optimismo desaforado. A raíz de la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973, los países árabes, con Arabia Saudí a la cabeza, arrastraron al conjunto de la OPEP a reducir progresivamente las cuotas de producción para castigar a los países consumidores que habían apoyado a Israel en la contienda.
En los cinco meses transcurridos entre una y otra fecha (el cambio de Gobierno en Venezuela coincidió con el levantamiento del embargo petrolero de los países árabes a Estados Unidos), el precio promedio del barril de crudo en el mercado internacional se triplicó, pasando de los 3,5 a los 10 dólares. Países que, como Venezuela, eran ajenos a las vindictas de Oriente Próximo, se encontraron en sus manos, prácticamente de la noche a la mañana, con un colosal capital en divisas de exportación.
Pérez, con los poderes extraordinarios que en mayo de 1974 le concedió el Congreso dominado por su partido y con un amplio respaldo social, lo que le aseguró un margen político sin precedentes para gobernar libre de componendas, ejecutó de inmediato su programa económico, muy ambicioso y de cariz fuertemente nacionalista y social, con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, elevar y consolidar el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, y distribuir de una manera más equitativa la renta nacional, ahora disparada gracias al petróleo.
El programa se ceñía a los patrones entonces en boga del desarrollismo a ultranza y ponía el acento en el sector secundario, ignorando los criterios liberales sobre el manejo cuidadoso de los recursos financieros, los cuales, a tenor de la coyuntura petrolera, el Gobierno y muchos fuera de él estimaban inagotables. En cuanto a la corrupción administrativa y la ineficiencia de la función pública, Pérez declaró que había que acabar con ambos lastres antes de que se convirtieran "en un sistema de vida" en Venezuela.
De entrada, el mandatario estableció una política de fuertes inversiones en grandes complejos industriales y en transformaciones de estructuras agrarias con cargo a sendos fondos especiales nutridos con la renta petrolera. La estatalización de la economía tomó cuerpo con la nacionalización de la industria del hierro, decretada el 16 de diciembre de 1974 e inaugurada el 1 de enero de 1975 con el izado simbólico de la bandera nacional en el Cerro Bolívar, estado Bolívar, uno de los yacimientos ferrosos más ricos del mundo.
Dando cumplimiento a una histórica aspiración nacional, el 21 de agosto de 1975 el Congreso aprobó la mal llamada ley de nacionalización del petróleo. Firmada por Pérez el 29 de agosto y vigente desde el 1 de enero de 1976, la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, que tal era su nombre oficial, supuso la retrocesión al Estado "por razones de conveniencia nacional" de todas las obras, trabajos y servicios relacionados con la explotación y comercialización de los hidrocarburos, tanto los pozos de extracción como las estructuras relacionadas con su tratamiento y transporte, ya fueran oleoductos, refinerías o terminales de embarque. Como consecuencia, todas las concesiones a compañías privadas quedaron extinguidas.
La reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos -que no la soberanía sobre los bienes naturales en sí, jurídicamente sobreentendida aunque hasta ahora más bien ficticia-, ya había estado prevista por la Ley de Reversión aprobada en 1971 bajo el Gobierno de Caldera, pero aquella norma demoraba el nuevo estatus hasta 1983.
A través de la Comisión Presidencial para la Reversión del Petróleo, la Administración Pérez estableció el monopolio estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el cual, a modo de un holding, respetó lo esencial de las estructuras de las 14 compañías privadas afectadas por la reversión, integrándolas en su seno como cuatro divisiones operativas. Las antiguas concesionarias extranjeras fueron convenientemente indemnizadas.
Con la asunción de la plena soberanía sobre los hidrocarburos y, por ende, de la capacidad para decidir las políticas de producción y de precios, el Estado venezolano puso remate a una larga batalla con las corporaciones privadas que desde el final de la Segunda Guerra Mundial había registrado cuatro grandes hitos previos: la reserva del 50% de la renta petrolera en concepto de impuestos (el famoso principio del fifty-fifty, de enorme trascendencia internacional al ser imitado sucesivamente por los demás países productores) en 1948; la elevación de esta participación estatal al 65% en 1958; la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y de la misma OPEP, una iniciativa de Betancourt, en 1960; y, ya en el quinquenio de Caldera, la nacionalización de la industria del gas.
El V Plan Nacional para el período 1976-1980 apostó por un programa de grandes construcciones industriales, fundamentalmente la ampliación de Siderurgia del Orinoco (Sidor) y el resto de facilidades del vasto complejo extractivo de Ciudad Guayana, la creación de nuevas plantas de refinado de bauxita y fundición de aluminio, y el acometimiento de diversas obras hidroeléctricas en los caudalosos afluentes del Orinoco. El V Plan Nacional contemplaba inversiones por un total de 53.000 millones de dólares al cambio.
Teniendo presente además que los recursos pesqueros aún se hallaban sin explotar (si bien la declaración en 1978 como "zona económica exclusiva" de 500.000 km² de mar Caribe preparó el camino para esa meta), tamaña intervención del Estado en la estructura económica indicó la determinación de Pérez de sacar el mayor partido posible de las inmensas riquezas de un país especialmente agraciado por la naturaleza. Es más, el presidente redujo deliberadamente las exportaciones petroleras para propiciar la elevación de los precios y alargar todo lo posible la duración de este recurso no renovable. En otro orden de cosas, sus desvelos para la protección del medio ambiente y la introducción de un modelo de desarrollo sostenible que incorporase una sensibilidad ecológica le hicieron merecedor en 1975 del premio Earth Care, otorgado por primera vez a un jefe de Estado latinoamericano.
Una de las ideas del candidato que más impactó al público fue la concepción del petróleo como el instrumento de presión de las naciones menos desarrolladas para arrancar del primer mundo desarrollado un orden económico internacional más justo, que democratizara el acceso a las nuevas tecnologías y librara de hipotecas a los esquemas de desarrollo que cada país quisiera implantar de acuerdo con sus especificidades.
El lema acuñado por Pérez Democracia con Energía hizo fortuna y el ya popularmente conocido como CAP (por las iniciales de su nombre compuesto y apellido) se impuso con el 48,7% de los votos válidos al candidato del oficialismo copeyano, Lorenzo Fernández, que obtuvo el 36,7%. A mucha mayor distancia quedaron Jesús Ángel Paz Galarraga, del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP, una escisión izquierdista de AD) y apoyado por el PCV, José Vicente Rangel Vale, por el Movimiento al Socialismo (MAS) y apoyado por el MIR, y el veterano Jóvito Villalba Gutiérrez, líder de la centroderechista Unión Republicana Democrática (URD). Además, AD salió triunfante de las elecciones a las dos cámaras del Congreso y de la mayoría de los comicios a las asambleas legislativas de los estados y los concejos municipales. La participación en las presidenciales alcanzó el 96,5%.
La toma de posesión de la Presidencia el 12 de marzo de 1974, con un mandato de cinco años y en sustitución de Caldera, no pudo celebrarla Pérez en unas circunstancias más propicias para sus propuestas energéticas, que dieron pábulo a un optimismo desaforado. A raíz de la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973, los países árabes, con Arabia Saudí a la cabeza, arrastraron al conjunto de la OPEP a reducir progresivamente las cuotas de producción para castigar a los países consumidores que habían apoyado a Israel en la contienda.
En los cinco meses transcurridos entre una y otra fecha (el cambio de Gobierno en Venezuela coincidió con el levantamiento del embargo petrolero de los países árabes a Estados Unidos), el precio promedio del barril de crudo en el mercado internacional se triplicó, pasando de los 3,5 a los 10 dólares. Países que, como Venezuela, eran ajenos a las vindictas de Oriente Próximo, se encontraron en sus manos, prácticamente de la noche a la mañana, con un colosal capital en divisas de exportación.
Pérez, con los poderes extraordinarios que en mayo de 1974 le concedió el Congreso dominado por su partido y con un amplio respaldo social, lo que le aseguró un margen político sin precedentes para gobernar libre de componendas, ejecutó de inmediato su programa económico, muy ambicioso y de cariz fuertemente nacionalista y social, con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, elevar y consolidar el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, y distribuir de una manera más equitativa la renta nacional, ahora disparada gracias al petróleo.
El programa se ceñía a los patrones entonces en boga del desarrollismo a ultranza y ponía el acento en el sector secundario, ignorando los criterios liberales sobre el manejo cuidadoso de los recursos financieros, los cuales, a tenor de la coyuntura petrolera, el Gobierno y muchos fuera de él estimaban inagotables. En cuanto a la corrupción administrativa y la ineficiencia de la función pública, Pérez declaró que había que acabar con ambos lastres antes de que se convirtieran "en un sistema de vida" en Venezuela.
De entrada, el mandatario estableció una política de fuertes inversiones en grandes complejos industriales y en transformaciones de estructuras agrarias con cargo a sendos fondos especiales nutridos con la renta petrolera. La estatalización de la economía tomó cuerpo con la nacionalización de la industria del hierro, decretada el 16 de diciembre de 1974 e inaugurada el 1 de enero de 1975 con el izado simbólico de la bandera nacional en el Cerro Bolívar, estado Bolívar, uno de los yacimientos ferrosos más ricos del mundo.
Dando cumplimiento a una histórica aspiración nacional, el 21 de agosto de 1975 el Congreso aprobó la mal llamada ley de nacionalización del petróleo. Firmada por Pérez el 29 de agosto y vigente desde el 1 de enero de 1976, la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, que tal era su nombre oficial, supuso la retrocesión al Estado "por razones de conveniencia nacional" de todas las obras, trabajos y servicios relacionados con la explotación y comercialización de los hidrocarburos, tanto los pozos de extracción como las estructuras relacionadas con su tratamiento y transporte, ya fueran oleoductos, refinerías o terminales de embarque. Como consecuencia, todas las concesiones a compañías privadas quedaron extinguidas.
La reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos -que no la soberanía sobre los bienes naturales en sí, jurídicamente sobreentendida aunque hasta ahora más bien ficticia-, ya había estado prevista por la Ley de Reversión aprobada en 1971 bajo el Gobierno de Caldera, pero aquella norma demoraba el nuevo estatus hasta 1983.
A través de la Comisión Presidencial para la Reversión del Petróleo, la Administración Pérez estableció el monopolio estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el cual, a modo de un holding, respetó lo esencial de las estructuras de las 14 compañías privadas afectadas por la reversión, integrándolas en su seno como cuatro divisiones operativas. Las antiguas concesionarias extranjeras fueron convenientemente indemnizadas.
Con la asunción de la plena soberanía sobre los hidrocarburos y, por ende, de la capacidad para decidir las políticas de producción y de precios, el Estado venezolano puso remate a una larga batalla con las corporaciones privadas que desde el final de la Segunda Guerra Mundial había registrado cuatro grandes hitos previos: la reserva del 50% de la renta petrolera en concepto de impuestos (el famoso principio del fifty-fifty, de enorme trascendencia internacional al ser imitado sucesivamente por los demás países productores) en 1948; la elevación de esta participación estatal al 65% en 1958; la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y de la misma OPEP, una iniciativa de Betancourt, en 1960; y, ya en el quinquenio de Caldera, la nacionalización de la industria del gas.
El V Plan Nacional para el período 1976-1980 apostó por un programa de grandes construcciones industriales, fundamentalmente la ampliación de Siderurgia del Orinoco (Sidor) y el resto de facilidades del vasto complejo extractivo de Ciudad Guayana, la creación de nuevas plantas de refinado de bauxita y fundición de aluminio, y el acometimiento de diversas obras hidroeléctricas en los caudalosos afluentes del Orinoco. El V Plan Nacional contemplaba inversiones por un total de 53.000 millones de dólares al cambio.
Teniendo presente además que los recursos pesqueros aún se hallaban sin explotar (si bien la declaración en 1978 como "zona económica exclusiva" de 500.000 km² de mar Caribe preparó el camino para esa meta), tamaña intervención del Estado en la estructura económica indicó la determinación de Pérez de sacar el mayor partido posible de las inmensas riquezas de un país especialmente agraciado por la naturaleza. Es más, el presidente redujo deliberadamente las exportaciones petroleras para propiciar la elevación de los precios y alargar todo lo posible la duración de este recurso no renovable. En otro orden de cosas, sus desvelos para la protección del medio ambiente y la introducción de un modelo de desarrollo sostenible que incorporase una sensibilidad ecológica le hicieron merecedor en 1975 del premio Earth Care, otorgado por primera vez a un jefe de Estado latinoamericano.
Segunda Presidencia (1989-1994)
Inició un proceso de apertura que comprende la búsqueda de fórmulas de participación del sector privado (nacional e internacional) en los negocios petroleros.
Propuso un programa de ajuste y un conjunto de medidas de carácter social, entre otras se decretó la liberación del régimen cambiario para que fuera el mercado el que estableciera el valor de la divisa extranjera.
Se inició la privatización de la empresa Corporación Venezolana de Guayana.
Reservó un tercio de los presupuestos anuales para cancelar el servicio de la deuda.
Son liberados los presos políticos por los intentos golpistas en el gobierno anterior de Carlos Andrés Pérez.
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